La ampliación de capital podría quedar paralizada hasta que el juez confirme si la conversión es válida. El abogado vigués aclara, igualmente, que las medidas legales que emprenderá el grupo sindicado de acreedores defienden intereses legítimos.
“Nunca se nos ha pasado por la cabeza demandar al Celta. Las medidas legales no van contra el club, sino contra las decisiones de su gestores”
Los acreedores sindicados presentaron un recurso de reposición por el cambio de la caja del sur para la suscripción de 5,5 millones y desvelan un desfase de 3 millones en el auto de la modalidad de cobro
Tres millones de euros en el aire.
En el auto de las modalidades de pago de la deuda concursal del Celta, en lo tocante a Caixanova faltan por adjudicarse 3 millones de euros que no aparecen consignados a ninguna de las tres opciones.
Este “punto negro contable”, unido al resto de la operación de la caja del sur con el club, han llevado al grupo sindicado de acreedores a presentar un recurso de reposición ante el juez de lo mercantil de Pontevedra con el fin de aclarar «todos los puntos oscuros» que han surgido alrededor de los acuerdos con Caixanova.
En especial la conversión de 5,5 millones de euros de deuda en acciones del club, que están a nombre de la entidad pero con delegación de derechos para Carlos Mouriño o cualquiera de sus empresas. De hecho, el propio presidente se atribuyó esta delegación el pasado miércoles.
En el informe concursal que dio paso a la junta de acreedores del Celta se especificaba que el club debía a Caixanova 20,3 millones de euros, de los cuales 8 formaban parte de la quita.
Las cantidades restantes eran pagadas del modo más variopinto: un convenio de publicidad, el Mónaco con cantidades pendientes por la venta de Nené y hasta TVG con un convenio inconcluso.
A mayores quedaban los 5,5 millones de euros, que inicialmente iban destinados a una quita del 85% y que al final se convirtieron en acciones del club y otro de 6,5 millones de euros (cantidad pendiente de un principal de 15 millones firmado el 28 de junio del 2002) que se convertía en crédito participativo al 50%.
Sin embargo en el auto recopilatorio de las modalidades de pago a las que se acogieron los acreedores solo aparecen 3,5 millones como crédito participativo, de ahí que el grupo sindicado quiera saber si ese dinero fue abonado en efectivo, pignorado o cualquier otro motivo por el que no conste en el balance.
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No es el único punto de luz que intenta arrojar el recurso de reposición, que también reclama una explicación de Caixanova de cara a la opinión pública en la conversión de los 5,5 millones de deuda en acciones cuando ese dinero estaba destinado a la quita del 85%.
La modalidad de cobro de ambos créditos estaba avalado con una escritura pública ante notario y fue ratificado en la junta de acreedores, sin embargo el último día hábil Caixanova decidió convertir los 5,5 millones en acciones lo que provoca dudas a cerca de su legalidad, de ahí que se pida al juzgado que se pronuncie al respecto.
También hay dudas a cerca de la capacidad del procurador de la entidad bancaria para firmar el último escrito con el cambio de opción , de ahí que también pregunten acerca de su legalidad. Mientras no se falle el recurso, el grupo entiende que debe quedar paralizada la ampliación de capital.
Fraude a los acreedores
Otra de las dudas que está analizando el grupo que representa a los ex futbolistas encabezados por Placente es la legalidad de la reducción de capital posterior anunciada por Carlos Mouriño.
En teoría esa reducción debería estar prevista en el convenio de acreedores ya que la propuesta de conversión de deuda en acciones varía de un modo sustancial en cuanto al importe se refiere, ya que las cantidades pueden quedar reducidas al 50%. En ese sentido están estudiando la posibilidad de que exista fraude a los acreedores.
Un laudo arbitral si no les dejan ocupar sus plazas en el consejo
El grupo sindicado no comparte los criterios de Carlos Mouriño para mostrar la imposibilidad de ampliar el consejo de administración en el margen de dos años por falta de vacantes. Dicen que reclamarán dos sillones en la dirección del Celta y que plantearán un laudo arbitral si el presidente persiste en su idea.
Según sus tesis, y teniendo en cuenta los estatutos del club, el órgano rector de la entidad debe estar formado por 15 personas.Teniendo en cuenta que representan 3,6 millones de euros en acciones, le corresponderían dos emisarios.
Uno de ellos sería cedido a un cualificado miembro de las peñas celtistas con el objeto de que los aficionados tuviesen acceso a toda la información y además pudiesen participar de las grandes decisiones de la sociedad.
La otra plaza sería cubierta por alguno de los candidatos del mas variopinto perfil que el grupo que representa a los ex futbolistas baraja.
El grupo quiere aprovechar sus acciones para fiscalizar, pero también ayudar a revitalizar el club según sus propias explicaciones.
A fiscalizar, pero también a ayudar.
Con esa doble vertiente pretende el grupo sindicado de accionistas entrar en la vida del Celta como miembro de pleno derecho. Su intención es estar en el consejo de administración, pero con independencia de poder o no ocupar ese espacio, podrán hacer uso de su cuota superior al 5% del accionariado para fiscalizar toda la vida de la entidad.
«Queremos tener la mayor representatividad y fiscalizar la vida del club, pero también queremos ayudar a rentabilizarlo en lo posible, porque si el equipo desciende a Segunda B, como sucedería en estos momentos, se iría todo al garete», comenta Sergio Sánchez, el representante de Diego Placente, el máximo accionista de este grupo, que aseguran está recibiendo todo tipo de adhesiones.
El grupo incide en que quieren vigilar la importante inversión realizada en el Celta y ejercer un control de la gestión en beneficio de la afición y en el suyo propio, ya que revalorizar al conjunto vigués significaría también revalorizar el valor de unas acciones que en estos momentos tiene poco valor y que en caso de descenso no tendrían ninguno.
El propio plan de viabilidad implícitamente apunta que en Segunda B la liquidación sería el único camino posible.
Creen que pueden ayudar a mejorar una gestión que consideran deficitaria en estos momentos, no solo en lo deportivo sino también en lo estructural. Los representantes esperan el mejor talante por parte de Mouriño en su afán de ayudar, pero también avisan que procederán con todos sus medios legales si se les intenta minimizar.
Por otra parte no se descarta un contacto con el presidente a corto plazo. Todo dependerá de la predisposición que tenga el máximo rector. Consideran en base a sus declaraciones «que ha abierto las puertas del club».
edit 24-12-09 / Finalmente caixanova modifico las condiciones que habia planteado ,otra vez, y con esta argucia legal logro que el recurso interpuesto fuese desestimado al denunciar unos hechos que no se llegaron a producir en los terminos reflejados en el mismo.
