“El convenio hablaba de una ampliación de capital. ¿Cuál es el problema? Que se amplía el capital a 22,6 millones de euros y que para ampliar el capital en esta cantidad es necesario por ley que haya unas reservas de 12 millones.
Estos 12 millones de euros nunca han existido o nunca se han desembolsado, de manera que la ampliación no puede hacerse”, expone un representante del grupo sindicado:
La reducción de capital es totalmente necesaria, nadie dice lo contrario. El problema es que la que se ha hecho no es válida porque implicaría que la sociedad tiene la obligación legal de disolverse”.
“Lo hemos estudiado bien y lo tenemos meridianamente claro. Vamos a querellarnos contra todos aquellos que voten a favor de esto porque o es una estafa o es un acuerdo abusivo impuesto por el accionista mayoritario”, destaca. Y advierte: “Tengo muy claro que pueden existir responsabilidades penales de todos aquellos accionistas que voten a favor de la reducción de capital. Y no es una broma, estamos hablando de que se está manipulando totalmente el valor de las acciones”.
Proceso “teledirigido”
El abogado que se opone al grupo que opto por seguir los mismos derroteros que Ruben Gonzalez ,Juama Peña y compañia, y que ha participado profesionalmente en la mayoría de los procesos concursales del fútbol español y nunca había visto “nada semejante” a lo ocurrido con el Celta.
“Mi impresión personal es que todo ha estado teledirigido para que el señor Mouriño convirtiese sus 4 millones de euros en acciones sin desembolsar dinero y luego se convierten cuatro veces más de acciones de lo que estaba previsto. Pero el Celta nunca ha tenido las reservas legales necesarias para hacer esta ampliación. Por eso pediremos la anulación del convenio con todo lo que esto lleva aparejado,” afirma.
La solicitud de anulación del proceso puede tener un largo recorrido judicial. La petición de anulación se presentará, previsiblemente ante el Juzgado Número 1 de lo Mercantil de Pontevedra la próxima semana, con posibilidad de recurso ante la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo.
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